¿Son los ayuntamientos parte del Estado? Si la respuesta es si, ¿por qué la vicepresidenta no deja de repetir que estos están obligados a empadronar ilegales cuando hay una Ley de Extranjería, aprobada y reformada ya cuatro veces por los dos grandes partidos, que marca que a quien no tenga permiso de residencia en todo el Estado debe aplicársele los mecanismos de expulsión necesarios? A partir de aquí puede haber un contrapunto interminable de leyes e interpretaciones jurídicas, pero esta vez la presión popular ha puesto en jaque al buenismo, quebrando incluso la disciplina de partido de dos de las tres siglas que gobiernan Catalunya.

La inmigración ilegal es un fenómeno global, y en España ni PP ni PSOE han estado a la altura para tratarlo con seriedad, ni ahora ni hace 10 años. No mentía Zapatero cuando en el debate electoral le tiró en la cara a Rajoy que durante la Administración Aznar se legalizaban inmigrantes con la factura de una bicicleta (no olvidemos que se han llegado a legalizar inmigrantes con la propia cédula de expulsión), pero no podemos olvidar que ese mismo PSOE ha llegado a prometer que los inmigrantes votarían en las generales en un par de legislaturas, esperando entonces el pago a las legalizaciones masivas.  Ante estos excesos gran parte de la población comenzó a hacerse sentir y hoy, a un año de las elecciones autonómicas y con un paro disparado e indomable, los partidos han decido actuar. Tarde y aparatosamente, pero lo han hecho. O como dice Xavier Rius en e-Noticies, “en el 2001 los inmigrantes sin papeles se encerraron la Iglesia del Pi (de Barcelona) y los fue a ver hasta el president Maragall. En el 2005 lo intentaron otra vez y el delegado del Gobierno en Catalunya, el socialista Joan Rangel, les mandó a la policía”. En este caso, el de Vic, las cúpulas de CiU y ERC respaldan al ayuntamiento y el PSC hace silencio.

Fernando Ónega decía en la radio que nadie (entre los políticos) quiere ni escuchar hablar de los resultados de un hipotético referendum a nivel España sobre “qué se debe hacer con los inmigrantes ilegales”. Los políticos y los medios no están sabiendo (o no están queriendo) interpretar lo que dice la ciudadanía, aunque para ello sólo hace falta leer las opiniones de los lectores en cualquier medio serio, ya no importa de que orientación política. Los lectores de El País y La Razón hoy dicen casi lo mismo y la última encuesta del CIS pone de manifiesto que la cuarta preocupación para los españoles es la inmigración. Esto no es sólo una neurosis española, visto que en toda Europa se están endureciendo las leyes inmigratorias.

Las manifestaciones del alcalde de Vic, Jose Maria Vila d’Abadal, son justas y elocuentes: “se acabó la época de la demagogia y si no se toman medidas de fondo aqui no nos vota nadie”, agregando que “si el Estado cumple, a mí no me llegará nadie sin visado y yo les empadronado a todos”. No hace falta recordar que entrar y residir ilegalmente en un país es delito y, sin embargo, el último censo dice que en España hay casi 1.000.000 de ilegales que no figuran en los padrones.

No hay para todos, y quien diga lo contrario miente. El Estado de Bienestar ha quebrado y a partir de aquí comienza la discusión meramente ideológica: los hay desde los que creen que la solución es cerrarse definitivamente hasta los que defienden que no solo hay que abrir fronteras sino que se debe también decretar la paz en el mundo. Y esto sin entrar a analizar el que es a mi juicio el costado más preocupante de la inmigración descontrolada: el cambio de la fisonomía de Europa, la que es cada vez más musulmana inclusive en forma perfectamente legal.

Sin dejar de reconocer que los inmigrantes ilegales son la parte más débil de esta historia, el Ayuntamiento de Vic está en lo correcto. Esta discusión no trata de buenas intenciones sino exclusivamente de recursos insuficientes y de reglas del juego, y más de un ayuntamiento observará el devenir de la novela de Vic. El populista de derechas Josep Anglada lo sabe, y ese será el secreto de su éxito en las próximas autonómicas: no sólo entrará él en el parlamento como diputado sino que muchos ayuntamientos tendran a los buitres de Plataforma per Catalunya marcando los tiempos.

Cuando los partidos moderados no hacen su trabajo, los extremistas saben vender muy bien sus soluciones.

Se que ya no sorprende y eso me asquea. Fawziya Ammodi, de 12 años, murió desangrada junto a su bebé en un hospital de Yemen tras tres días de parto. Continue Reading

Esta vez en España, en Portugalete para mas inri. En la madrugada del martes un hombre de nacionalidad argelina de 43 años asestó a su hija 20 puñaladas, e hirió a sus otros dos hijos,  por oponerse a una relación sentimental de esta, según informaba ayer el noticiero de Telecinco. Continue Reading

Mucho se está opinando y poco se está analizando sobre la ley que ayer aprobó el parlamento italiano, referente a declarar delito a la inmigración ilegal. Por una parte no se porqué tengo la sensación de que las furias desatadas contra esta ley son en gran parte porqué la promulgó Berlusconi (villano cutre clase A, título ganado a pulso) y no alguno de los ídolos habituales de los medios como Hugo Chavez o Fidel Castro, cuyas “leyes” ni siquiera pasan por un parlamento, pero por otra estoy intentando sacar conclusiones sobre la misma leyendo periódicos sudamericanos, cuyos nacionales serían teóricamente “víctimas” de la famosa ley, y encuentro en ellos algunos comentarios sorprendentes que incluso reclaman para sus países la aplicación de leyes similares, dejando a las claras que la mala administración de la inmigración es un producto globalizado: los rumanos de Italia son la figuar análoga de los bolivianos de la Argentina.

¿Cuales son los puntos más destacados de la polémica ley? La multa monetaria y la expulsión express del inmigrante ilegal, la obligación de los funcionarios de denunciar a quien contravenga la ley, la pena de cárcel para quien alquile una vivienda a un sin papeles, la ampliación del plazo de detención hasta que la expulsión sea efectiva, la obligatoriedad de la presentación de los permisos de residencia de los padres ante el nacimiento de un niño o ante su escolarización y la necesidad de convivir dos años los aspirantes a cónyuges antes de casarse. La ley permite además la formación de asociaciones de ciudadanos que realicen rondas callejeras, idea-condición que impuso el movimiento xenófobo de la Liga Norte.

Hasta aquí muy bien o muy mal, a unos les gustará menos que a otros más allá de la imposible aplicación de más de uno de los imprescindibles de la ley, pero si ésta tiene que ver con la crisis y la inseguridad que según Berlusconi trae la inmigración… ¿no tendrá que ver también con la crisis que Italia sea junto a España y Portugal el trío de países menos competitivo de Europa? ¿Estarán dispuestos los italianos a hacer los trabajos que antes despreciaban y que hacían/hacen los inmigrantes o ganar lo que estos? ¿Hasta que punto podrá engañar Berlusconi a sus votantes con el cuento de que “el inmigrante le quita el trabajo al italiano”? ¿Que pasará con el rumano-albanés-libio con cualidades profesionales superiores a la media italiana? ¿Deberá dejarle el lugar a un nacional de menor cualificación? ¿Las empresas privadas no tendrán algo a decir a este atropello? ¿O se las callará al “estilo Berlusconi”?

No me cabe ninguna duda de que hay pocas cosas con efectos económicos y sociales más nocivos que la inmigración descontrolada, y lo digo como inmigrante, pero esta bravuconada del político más penoso que parió Europa en el último tiempo no va mas allá de ser eso: una bravuconada. Esta ley se hará efectiva, Italia seguirá siendo un país no competitivo y mañana quien sabe a quien le echarán la culpa de las sucesivas crisis que surjan.

Pero aviso para navegantes: cuanto más se endurezcan las leyes, para bien (Francia, Alemania o Inglaterra) o para mal (Italia), una administración buenista como la de ZP hará de España un agujero cada vez más grande por donde entrar a Europa. Y el problema no es que el pobre tipo que viene a ganarse la vida lo sepa, el problema es que lo explotarán las mafias.

Inhumanidad y desprecio son las únicas palabras que se me vienen a la cabeza cuanto más leo sobre el caso de Frans Melgar, el ciudadano boliviano al que, tras haber perdido su brazo en un accidente laboral, su jefe tiró el miembro amputado a un contenedor de basura evitando así la posibilidad del reimplante, apeando además al malogrado hombre a 200 mts del hospital y exigiéndole que dijera que “fué un accidente en la calle”. Las razones del empresario (a quien increíblemente se le protege la identidad en los medios -solo Telecinco informó que los dueños son dos hermanos de apellido Rovira) son por demás sabidas y repetidas: al tener a prácticamente toda su plantilla en negro, según la denuncia de CCOO, la situación del desgraciado Melgar (sin contrato desde hacía dos años y sin estar de alta en la Seguridad Social) ponía en jaque a su empresa.

El origen de toda esta dramática situación tiene nombre y apellido: se llama inmigración ilegal, un fenómeno patrocinado por la progresía trasnochada de toda Europa, mediante el “papeles para todos”, y aprovechado por algunos empresarios inescrupulosos que, habiendo esta mano de obra barata sin derechos, actúan como verdaderos rufianes despreciando la condición humana de gente desesperada como Melgar, quienes llegan a Europa con la falsa ilusión de que obtendrán rápidamente una vida mejor, cuando en casos como el español su propio gobierno no es capaz de dar soluciones a los 5 millones de parados que hoy ya se ven en el horizonte. Lo más triste es que hay voces ahora que relativizan la situación, haciendo foco exclusivamente en la amputación y en el delirante argumento que hacen, a su vez, los dueños de la empresa: que Melgar estaba borracho (según informó TVE, los médicos que lo atendieron en un primer momento comprobaron que Melgar no estaba ebrio).

¿Puede llegarse a un nivel de inhumanidad semejante? ¿puede la justicia seguir haciendo la vista gorda a casos como el de Melgar, caso mediático por su truculencia de los desesperantes niveles de accidentes laborales en España? Hoy el gobierno dice que analizará la regulación de Frans Melgar ¿es este el estilo ZP para dar solución a los miles de inmigrantes ilegales que están sin trabajo, muchos parte del efecto llamada que generó desde bien comenzado su gobierno?

Pero voy más allá. Esperando que la justicia se expida en este caso (hasta ahora los dueños de la empresa están en libertad con cargos; no se dice cuales) y exigiendo una pena justa y ejemplificadora si los empresarios fueran declarados culpables, me pregunto, en el caso de España, ¿cuantas empresas se ven obligadas a reducir costos donde no deben, fruto de algunas delirantes condiciones que se imponen para montar una empresa o afectadas por los impuestos increíbles que se pagan incluso antes del primer euro de facturación?

Buenismo, progres pancarteros y empresarios inescrupulosos sumados a nulas ayudas reales para la creación de empresas y a un estado omnívoro que quiere más, más y más sin ofrecer soluciones. Hoy es el brazo del Frans Melgar… ¿y mañana?

Berlusconi no me cae bien, y esto va más allá de sus injertos capilares, sus liftings, su estilo vulgar a la hora de hacer chistes vulgares o su preferencia a hablar por el móvil en lugar de ser recibido protocolariamente por Angela Merkel. Pero no puedo dejar de reconocerle a su gobierno coraje en el decreto-ley que acaba de ser aprobado por el senado italiano: penas durísimas para los delitos contra menores, la agresión sexual en grupo y la persecusión y acoso, hasta llegar a la cadena perpetua en caso de violación seguida de muerte. Informa La Vanguardia que dicho decreto, que ya ha terminado con todos los trámites parlamentarios, ya está listo para ser convertido en ley.

España debe tomar lectura y ejemplo de esto. Las toneladas de leyes garantistas que lo contaminan todo deben acabar de una vez y para siempre, y esta no es una cuestión de derechas o de izquierdas: es una cuestión de sentido común (sólo 1 de los 262 senadores italianos votó en contra). Sobra explicar una vez mas los casos escalofriantes protagonizados por pederastas a los que se les proteje la identidad, menores delincuentes a los que se trata como si fueran escolares traviesos o violentos atracadores en bandas, cuyos abogados siempre consiguen reducción de pena o errores de procedimiento, eso sin hablar de las bandas que “estudian” las fallas de las leyes españolas para delinquir a su sombra. Incluso la idea de que sea muy difícil expulsar a un inmigrante ilegal, se esté de acuerdo con las leyes de extranjería o no, resulta al menos inquietante. Un país donde sobrevuela la idea de que “se vela siempre primero por los derechos de quienes están del otro lado de la ley” o que “delinquir es muy ‘barato’” no es un país del que se espere un buen futuro, aunque de todas maneras, para un análisis objetivo, resulta imposible dejar de lado que el original proyecto de ley de la administración italiana incluía la ampliación de la retención para indocumentados y las rondas callejeras, aspectos desbordados en que se nota demasiado el estilo Berlusconi.

Pero volviendo a España, y con el archivo y la hemeroteca de mi lado, me podría jugar varias cenas a que Rodriguez Zapatero nunca apoyaría una decisión de este calibre temeroso de ser tachado de facha, acostumbrado a gobernar con las encuestas en el bolsillo.

¿Creeis vosostros que es justa la cadena perpetua? ¿Considerais la carcel un instrumento de reinserción o de castigo?