Berlusconi no me cae bien, y esto va más allá de sus injertos capilares, sus liftings, su estilo vulgar a la hora de hacer chistes vulgares o su preferencia a hablar por el móvil en lugar de ser recibido protocolariamente por Angela Merkel. Pero no puedo dejar de reconocerle a su gobierno coraje en el decreto-ley que acaba de ser aprobado por el senado italiano: penas durísimas para los delitos contra menores, la agresión sexual en grupo y la persecusión y acoso, hasta llegar a la cadena perpetua en caso de violación seguida de muerte. Informa La Vanguardia que dicho decreto, que ya ha terminado con todos los trámites parlamentarios, ya está listo para ser convertido en ley.

España debe tomar lectura y ejemplo de esto. Las toneladas de leyes garantistas que lo contaminan todo deben acabar de una vez y para siempre, y esta no es una cuestión de derechas o de izquierdas: es una cuestión de sentido común (sólo 1 de los 262 senadores italianos votó en contra). Sobra explicar una vez mas los casos escalofriantes protagonizados por pederastas a los que se les proteje la identidad, menores delincuentes a los que se trata como si fueran escolares traviesos o violentos atracadores en bandas, cuyos abogados siempre consiguen reducción de pena o errores de procedimiento, eso sin hablar de las bandas que “estudian” las fallas de las leyes españolas para delinquir a su sombra. Incluso la idea de que sea muy difícil expulsar a un inmigrante ilegal, se esté de acuerdo con las leyes de extranjería o no, resulta al menos inquietante. Un país donde sobrevuela la idea de que “se vela siempre primero por los derechos de quienes están del otro lado de la ley” o que “delinquir es muy ‘barato’” no es un país del que se espere un buen futuro, aunque de todas maneras, para un análisis objetivo, resulta imposible dejar de lado que el original proyecto de ley de la administración italiana incluía la ampliación de la retención para indocumentados y las rondas callejeras, aspectos desbordados en que se nota demasiado el estilo Berlusconi.

Pero volviendo a España, y con el archivo y la hemeroteca de mi lado, me podría jugar varias cenas a que Rodriguez Zapatero nunca apoyaría una decisión de este calibre temeroso de ser tachado de facha, acostumbrado a gobernar con las encuestas en el bolsillo.

¿Creeis vosostros que es justa la cadena perpetua? ¿Considerais la carcel un instrumento de reinserción o de castigo?

El diputado de ERC Joan Tardà ha reclamado al gobierno, en comisión al inefable ministro Moratinos, que incorpore a los militares responsables de los ataques sobre la franja de Gaza “en la lista de genocidas” que deben ser requeridos por la Justicia, para dar cuenta por “crímenes contra la humanidad”, según informa La Vanguardia.

No contentos con las embajaditas, con los homenajes a terroristas, con el delirio sistemático de corrupción y estupidez que genera el tripartito en los últimos años, los independentistas ahora quieren mas portadas y mas minutos de prensa exigiendo insensateces como esta, coherentes -valga la contradicción- con la esquizofrenia política con que obligan a vivir a todos los habitantes de Catalunya que ya no pueden hacer quinielas para adivinar de donde vendrá la próxima parida.

Se han vuelto locos, está claro. Pero esta laborterapia que practican estos personajes, que juegan a ser parlamentarios, le cuesta un poco caro al erario español.

Informa La Vanguardia: un grupo de subsaharianos quema vehículos y contenedores en Roquetas de Mar, Almería, cortando el acceso a algunas calles para protestar por el asesinato de un senegalés en manos de un gitano que se encuentra en paradero desconocido. Según fuentes policiales, el incidente se produjo por un ajuste de cuentas por un tema de drogas, aunque la onegé Almería Acoge (cuya página web es en sí misma una justificación de la inmigración ilegal) ha manifestado que mienten las autoridades, ya que el agredido “había querido intermediar en una pelea ajena”. El Mundo publica que, tras el intento de incendio de viviendas y la agresión a policías y bomberos, fueron detenidos (no entiendo esta manía de proteger la identidad de quienes cometen delitos) A.C. de 33 años de edad y P.G. de 30 años, ambos naturales de Guinea Bissau, B.O. de 31 años, de Nigeria y E.F. de 19 años, de Sudán, por desórdenes públicos, atentado y resistencia grave a los agentes de la autoridad.

El subdelegado del Gobierno en Almería, Miguel Corpas, declaró a la cadena Ser que, tras la muerte del senegalés, “un grupo muy numeroso quiso manifestarse para tomarse la Justicia por su mano” pero mi pregunta es: ¿de que justicia estamos hablando? (Leer más…)

Cada día una nueva: ahora, hablan los niños.

La flamante campaña presentada por el Ministerio de (des)Igualdad de Bibiana Aído, cuyo lema es “Ante el maltratador, tolerancia cero”, da voz a los niños en uno de sus spots, en el que aparecen varios de ellos lanzando mensajes como “sólo quiero dormir tranquilo”, “mamá, hazlo por nosotros, actúa” o “mamá, no quiero tener miedo en casa”. Incansable en su cruzada de hacer pasar a España sin escalas del machismo cultural al hembrismo político, el ministerio fantasma de Aído continúa no solo negando la existencia del maltrato femenino, sino implantando la idea de que el mero hecho de haber nacido hombre comporta una razonable sospecha de ser maltratador. La ministra 2.0, con su presupuesto de 43 millones de euros anuales, parece que no ha podido hacerse aún con el estudio de junio de este año de la American Journal of Preventive Medicine, el que muestra que el maltrato en hombres es mucho más frecuente de lo que se piensa y que hay mitos que se deben desterrar si se pretende acabar con este triste fenómeno. Pero nada de esto importa si el único fundamento es ganar titulares, no hay estudio que valga si la función primordial del ministerio es captar la atención mientras el gobierno hace agua, sin reacción ante la crisis. Ni las aventuras de la Chacón embarazada ni el bicho-palo bailando en Mozambique dan resultados tan brillantes como profundizar una ley que vulnera desde el origen el artículo 14 de la Constitución Española, artículo que garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

El maltrato entre congéneres es un lacra, no caben dudas, pero asquea la forma que el gobierno socialista utiliza a las mujeres, desconociendo y haciendo desconocer, como ya se ha dicho, la violencia de mujeres contra hombres, pero también la de hijos contra padres o la de ancianos en general.

El estigma que se está creando sobre los hombres es otra ruta temeraria de este gobierno que no deja de improvisar y de manipular vía cortinas de humo. Como mal menor, de esta incapaz no quedará ni el recuerdo, pero las consecuencias de un conflicto de género, incentivado desde el Poder, son realmente inquietantes.

Hay pocos temas políticos tan polémicos como el de la pena capital y reconozco que en este no tengo una posición tomada.

Si abrimos la discusión en términos religiosos, y nos basamos en las tres grandes, encontraremos algunas diferencias. Según la Wikipedia el judaísmo aprueba en principio la aplicación de la pena de muerte, pero el nivel de pruebas acusatorias que requiere para su aplicación es tan exigente que convierte las situaciones en las que podría ser empleada en algo hipotético e imposible en la práctica. En el islamismo el Corán prescribe la pena de muerte para varios delitos como el robo, el adulterio o la apostasía, aunque el homicidio no se encuentra entre ellos ya que este pertenece al ámbito civil. La Iglesia contemporánea rechaza toda forma de ejecución y así lo ha expresado recientemente en relación a los intentos polacos de reinstaurar la pena capital, o las ejecuciones cometidas en países comunistas.

Sin embargo si hablamos de los países occidentales donde se aplica, ésta goza de claros apoyos, y para ejemplo el de Bielorrusia, único país europeo donde la pena capital tiene vigencia, y donde solo podría abolirse mediante decreto presidencial o resolución parlamentaria, ya que la vía del referendo está descartada pues una abrumadora mayoría (80,4%) se pronunció en 1996 en las urnas por mantener el castigo. Al otro lado del mundo Tsutomu Miyazaki, conocido como el monstruo de Saitama, fue ejecutado anoche en Tokio por secuestrar, mutilar y asesinar a cuatro niñas de 4 a 7 años entre 1988 y 1989. La pena de muerte se aplica en Japón siempre en la horca y sin aviso previo a los condenados a la pena capital, un sistema controvertido para los grupos de activistas, que sin embargo no es criticado por la población, que apoya mayoritariamente las ejecuciones en los casos de crímenes cometidos con espacial saña. En Estados Unidos las encuestas suelen mostrar un apoyo mayoritario a la pena capital; una encuesta hecha por ABC News en 2006 mostraba un apoyo de un 65% a favor de la pena de muerte, de forma consistente con otros resultados del año 2000. De acuerdo con otra encuesta del Grupo Gallup de mayo del 2006, la mitad del público norteamericano opina que la pena de muerte no se aplica con suficiente frecuencia, y el 60% considera que se aplica de forma justa.

Hoy en día 69 países aún mantienen y aplican la pena de muerte en su legislación, 89 la han abolido completamente, 10 la mantienen para crímenes cometidos en circunstancias excepcionales (como, por ejemplo, crímenes cometidos en tiempo de guerra) y 29 mantienen leyes que permiten la aplicación de la pena de muerte para crímenes ordinarios, pero han permitido que la pena no se use durante por lo menos 10 años.

Pero cuando aparecen en las portadas y a la hora de cenar casos como los de Saddam Husein o Timothy McVeight, y en clave local Nanysex o el asesino de Mariluz, la opinión pública dentro de su casa no piensa siempre en concordancia con sus gobernantes, al menos si hablamos de Europa y a todos nos consta. Sin embargo en nuestro continente la pena de muerte fue abolida en todos los países, e inclusive no existe la prisión perpetua de cumplimiento efectivo.

¿Es el debate de la pena de muerte un debate cerrado? ¿Debería volver a discutirse en Europa o debe ser dado por concluido?

Setenta kilos de explosivos detonados en el mediodía riojano del Viernes Santo pusieron una vez más en evidencia, en blanco sobre negro, que ETA está mas viva que nunca y que otro Isaias Carrasco es posible. Ante esta terrible perspectiva el Estado, esa institución de dimensiones difusas a la que le delegamos la protección de nuestras vidas, nuestra libertad y nuestras propiedades, debe actuar con la máxima fuerza y celeridad.

Miente o subestima la realidad el ministro en funciones Perez Rubalcaba cuando habla de la debilidad de ETA: los únicos etarras débiles son el etarra preso o el etarra muerto. Así como el terrorismo islamismo, que anclado en el siglo VII utiliza tecnología del siglo XXI para atacar a Occidente, el terrorismo etarra utiliza a la misma democracia española para atacarla desde dentro. Hoy por hoy, si algo les sirve como atajo para sus fines es, justamente, la letra pequeña de la Constitución y del estado de las autonomías, y una inquietante posición de la administración Zapatero que no cierra definitivamente las puertas a otro intento de negociación: ¿quien puede dudar que por mucho menos de lo que está pasando en España el Reino Unido -país que puede jactarse hoy de haber derrotado a “su” terrorismo- ya hubiese suspendido, como ya lo ha hecho muchas veces, la autonomía del Ulster, sus instituciones locales y hubiese dado entrada a su policía y a su ejército, anticuerpos necesarios para la lucha antiterrorista?

Dirán que la solución policial no es suficiente, y puede ser que así sea; probablemente la dificultad de acabar con estas fantasías independentistas, mas o menos violentas, tenga también mucho que ver con la sobrevaloración que se da al concepto de España como país federal con el viejo cuento de la plurinacionalidad. Si no fuese así al lehendakari Ibarretxe se le haría difícil fundamentar discursivamente expresiones como las de este fin de semana, cuando analizando los resultados de las elecciones en el País Vasco dijo que “Euskadi no es, ni será nunca, una parte subordinada de España”, cosa que queda clara ya que Euskadi es parte componente de España, como lo son Catalunya, Murcia, Aragón y Andalucía.

La oportunidad de dialogar, mas allá de sus defensores y detractores, hace tiempo que caducó. Pero el gobierno Zapatero se niega a poner en funcionamiento el Pacto Antiterrorista, firmado por ellos mismos cuando estaban en la oposición, y marea la perdiz con tecnicismos legales perdiendo un tiempo precioso e irrecuperable, cuando aún se permite que ETA se financie a traves de sus testaferros, el PCTV y el ANV, plenamente en funciones mientras dura el proceso de legalización mientras el PNV juega su juego y, aún perdedor como luego del 9-M, pretende marcar posiciones. O a la Ley de Partidos se la considera vigente, y se la aplica en consecuencia, o se la anula asumiendo su costo político. Zapatero ha ganado las elecciones ampliamente y en sus manos está, hoy mas que nunca, dejar comatosa a ETA mediante la expulsión de su entorno de las instituciones y del endurecimiento de la acción de las fuerzas de seguridad o continuar con la política del laissez faire con apoyo de sus medios adictos, que como único resultado dejan las permanentes pruebas de fuerza de los terroristas contra el estado de derecho, como el coche bomba de Calahorra.

Triste papel el de los demócratas de a pie, que son obligados a ver como el PP y el PSOE, representantes de mas de 23 millones de españoles, acaban siempre mendigando apoyos a los nacionalistas de turno, incapaces de llevar a término Políticas de Estado que, entre otras cosas, corten de raiz la gangrena etarra y su cómplice entorno que lleva ya cuarenta años poniendo en jaque a la democracia española.