No son buenos tiempos para trabajar en los emiratos árabes. El Gulf Cooperation Council, conglomerado formado por Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Omán, EAU y Kuwait que trata asuntos comunes referentes a agricultura, industria, seguridad y comercio, discutía diciembre pasado en la cumbre de Doha sobre la problemática de la inmigración en aquellos países y decidió estudiar la viabilidad de poner virtualmente orden de expulsión a 14 millones de personas, el equivalente a la tercera parte de la población española, la mayoría de ellos procedentes de la India, Bangla Desh, Pakistán, Sri Lanka y China. El motivo? Erosión inaceptable de la cultura local o, como declaraba el ministro de trabajo de Bahrein, “la circunstancia de que en ciertas regiones del Golfo no se sabe ya si uno está en un país árabe musulmán o en una región asiática. Aquí no estamos hablando de diversidad. Ninguna nación del planeta puede aceptar la erosión de su cultura en su propio territorio”. Según Tarik Al Maeena, cronista de Arab News, el reino bahreiní lleva adelante incluso una iniciativa de limitar a seis meses la vigencia de los permisos de trabajo expedidos a los extranjeros que deseen trabajar en el golfo, ya que “la mayoría de los trabajadores extranjeros provienen de medios culturales y sociales que no se pueden asimilar ni adaptar a las culturas locales”.
Que hay detrás de esta drástica política? Es sólo el hecho cultural o tendrá que ver también que aquellos trabajadores extranjeros que perciben salarios paupérrimos por jornadas de 12 horas y más no son compatibles con las astronómicas tasas de paro de los locales? No debería sorprendernos ninguna hipótesis cuando del estudio 2006 de la American University of Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) emerge que el 32,6% de los hombres y el 47,7% de las mujeres de los países del Golfo están desocupados y en busca de empleo. Asimismo, durante 2005, los 10 millones de trabajadores inmigrantes en los países del Golfo enviaron a sus países 20.000 millones de euros.
Las propuestas de la GCC no acaban en la expulsión de los extranjeros: los árabes contemplan otras medidas como la reducción de las prestaciones sociales a los parados que rechacen las medidas de ayuda de reinserción laboral, y la revisión y replanteamiento de los programas de aprendizaje par a dar a los trabajadores locales la formación que les permita ocuparse de las vacantes dejadas por los inmigrantes.
Las comparaciones son odiosas. Cada vez que Europa, con las garantías que da el estado de derecho inexistente en aquellos emiratos, se plantea un debate sobre la problemática de la inmigración en términos económicos y de los mínimos exigibles a los inmigrantes no occidentales para preservar y defender nuestros valores fundamentales, se acusa a sus promotores de fascistas y de islamófobos, la palabra de moda. Cuando se intentan interpretar las consecuencias de abrir las puertas a una inmigración descontrolada quienes lo intentan son tildados de ultraderechistas y de xenófobos. Sin embargo cuando estos reinos islámicos, de dudoso tarannà progresista, se plantean como una decisión de estado la expulsión de inmigrantes por cuestiones de índole cultural o económica los gobiernos afectados, los medios, los artistas y las ONGs parecen enmudecer.
Dejando de lado que sin los derechos civiles que sólo garantiza la democracia liberal no hay bienestar económico para la población en general, la necesidad de mantener la propia identidad es común a todos los pueblos del mundo, además de estar reconocida por la ONU. ¿Cuando dejará su defensa de ser un tabú en Occidente?
