Ya pasaron 48 horas de la manifestación de Barcelona y han quedado muchas cosas claras y más importantes que el hecho de que hayan sido 57.000 o 300.000 los asistentes. Continue Reading

El siguiente post lo había escrito cuando se perpetró la primera seudo-consulta independentista en Arenys de Munt, y lo rescato esta noche sin tocar ni una coma.

Hoy por tercera vez los indepes lo intentaron consiguiendo un pobre 18% de participación de un ridículo padrón adulterado donde entran inmigrantes (legales o no) y menores de edad, resultado del que hasta TV3 lo tituló de “por debajo de lo esperado”…

Hablan los números y no yo: participó el 27,42% de los convocados en un padrón tan absurdo como la consulta misma (incluía inmigrantes sin importar los años de residencia y menores de edad), y el cubano 94,88% de votos separatistas dan apenas un 26,01% de adherentes a las famosas consultas de los indepes. Lo que no deja dudas que una gran mayoría de catalanes desea seguir siendo españoles, como nunca han dejado de desearlo.

Pero tras el fracaso se deberían comenzar a analizar algunos puntos. ¿Podría haberse llevado a cabo esta fantochada si en Madrid no hubiera un gobierno tan débil como el de Rodriguez Zapatero? Personalmente creo que no, y no porqué otro (socialista o popular) no lo hubiera permitido, sino porqué bajo el signo de Zapatero es habitual ignorar los mínimos tolerables de lo legítimo y lo legal, y nunca antes se había tratado desde el Estado como interlocutores válidos a quienes, justamente, desean destruir el Estado. ZP ha dado alas a todos aquellos que cuestionan la unidad geográfica de España (sin importar el color) y les ha permitido crearse un espacio propio desde donde instalar en la calle problemáticas que no existen, pruebas a la vista. ¿Hay espacio para más intentonas? Por supuesto que si: el destino del PSOE sigue atado al del PSC, y el del PSC sigue atado al de los secesionistas y antisistema, principales impulsores no solo de las consultas de ayer sino también de las agresiones y actos violentos de baja intensidad de los últimos años. Seguiremos viendo a estos políticos o a sus peones, desde el sinfín de asociaciones liberticidas financiadas por la Generalitat hasta los de la ceja a la catalana, buscando nuevas maneras de mantener sus espacios de poder para seguir montando estas excentricidades. ¿Quienes ganaron? Catalunya en su conjunto ha ganado, ya que ha quedado demostrado ante quien estuviera interesado que el techo de separatistas vernáculos no supera en ningún caso el 20% de un padrón real, por lo que el 80% restante no corre peligro. Ha ganado en imágen el PP, ya que ha mantenido una posición durante la función que nadie podría acusar de crispadora. Y también ha ganado el ignoto alcalde de Arenys de Munt, Carles Mora, que tras felicitarse por el “éxito aclaparador” (SIC) aprovecha sus quince minutos de gloria para intentar el salto a la gran arena y formar su propio chiringuito partido. ¿Quienes perdieron? Todos los que no dejaron de peinarse para salir en la hipotética foto del 40% de participación, y sólo es necesario ver como a menos de 24 horas ya se están matando entre ellos por recoger lo poco que quedó tras la estampida y por no pagar la factura de la malograda fiesta. También perdió Jan Laporta, a quien CiU y ERC ya le cerraron las puertas abortando su intento de entrar a la política de primera (regional). Y perdió ZP, ya que se ha manifestado exactamente como lo que es: un presidente de gobierno que a las claras no es capaz de hacer su trabajo.

Las urnas cerraron a las 20 de ayer, TV3 se dedicó a entrada la medianoche a su Marató solidaria, la gente en la calle solo habla de Berlusconi y hoy, más que nunca, Cataluña es España.

No fue a votar ni el Tato, demostrando a los separatistas madrugados que la gente no está para tonterías y falsos referendums. Ya está, se acabó: ahora toca trabajar.

Durante los doce años de gobierno conservador Andorra fue un paraíso, al menos en las formas. Las comunidades andorrana, española, francesa y portuguesa pudieron desarrollar más o menos normalmente sus actividades culturales y su difusión, haciendo de este pequeño país un modelo donde la lengua oficial coexistía sin mayores sobresaltos con las de sus mayores colectividades… hasta que llegaron los socialistas.

Esta semana (coincidiendo con la visita al principado de Aníbal Cavaco Silva, presidente de Portugal) estaba prevista la aparición de LusoJornal Andorra, un periódico quincenal y gratuito dirigido exclusivamente a la comunidad de aquel país, ya editado en Francia y Bélgica y de idéntico estilo a tantas miles de publicaciones sectoriales que hay en todo el mundo, escritas en lenguas no oficiales. Cuando todo estaba listo, y a menos de una semana del gran día, el gobierno “progresista” de Jaume Bartumeu prohibió su edición sólo a condición de hacer todos sus contenidos bilingües (según manifiesta Joan Sanz, director de Departamento de Promoción Cultural y Política Linguística), haciendo el producto económicamente inviable. Para este grotesco acto de censura se esgrimió una ley que en su art. 25 dice que “la lengua empleada en los medios de comunicación de Andorra, tanto en la programación como en la publicidad, es la oficial”, que es algo así como decir que si usted quiere editar una revista dirigida exclusivamente para filipinos, con anunciantes que venden productos regionales para filipinos, usted debe hacer la revista en catalán y sus anunciantes deben seducir publicitariamente a sus clientes filipinos en catalán.

Pero el caso no acaba aquí. La policía lingüística de Joan Sanz, como los mastines cuando huelen sangre, ahora va a por más: A Voz Lusa, una revista con más 6 años en el mercado, y otra dirigida al público ruso quienes deberán, según el propio funcionario, adecuarse a la ley (y por ende hacerse inviables). Le queda aún regular todas las radios que emiten programación en español, los blogs (¿por qué no?), los canales de televisión y bloquear YouTube al estilo chino. Pero no toos los andorranos están de acuerdo con la medida: anoche, durante la recepción a Cavaco Silva a la que fui invitado, una ex-miembro del PS me decía que “pareciera que compiten a ver quien es más andorrano”.

La ministra de Cultura, Susanna Vela, ha respaldado la acción calificando la opción de hacer un periódico en portugués para portugueses “poco integradora”, agregando que lo que se debería hacer es aprender la lengua del país de acogida para conocer la cultura y su gente. Lo que doña Susanna parece no ver desde la altura del sillón de ministra es que en una democracia el uso de las lenguas sigue exactamente las mismas leyes del mercado que rigen cualquier producto, en lo que hace a identificación y prestigio, y que a golpe de actuación policial el catalán no saldrá del pozo en el que está metido en la propia Andorra ni frenerá el avance del portugués. O cómo dice un amigo mío “millor que una llengua obligada és una llengua estimada (amada)“.

El gobierno andorrano ha intentado que el caso no tomara envergadura, aunque fue publicado tanto en la web de RTP (la Radio-Televisión portuguesa) como en Expresso, entre otros medios del país.

La población de portugueses en Andorra representa al 17% de la población.

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Durant els dotze anys de govern conservador Andorra va ser un paradís, almenys en les formes. Les comunitats andorrana, espanyola, francesa i portuguesa van poder desenvolupar més o menys normalment les seves activitats culturals i la seva difusió, fent d’aquest petit país un model on la llengua oficial coexistia sense majors sobresalts amb les de les seves majors col·lectivitats… fins que van arribar els socialistes.

Aquesta setmana (coincidint amb la visita al principat d’Aníbal Cavaco Silva, president de Portugal) estava prevista l’aparició de LusoJornal Andorra, un periòdic quinzenal i gratuït dirigit exclusivament a la comunitat d’aquell país, ja editat a França i Bèlgica i d’idèntic estil a tantes milers de publicacions sectorials que hi ha en tot el món, escrites en llengües no oficials. Quan tot estava llest, i a menys d’una setmana del gran dia, el govern “progressista” de Jaume Bartumeu va prohibir la seva edició només a condició de fer tots els seus continguts bilingües (segons manifesta Joan Sanz, director de Departament de Promoció Cultural i Política Linguística), fent el producte econòmicament inviable. Per a aquest grotesc acte de censura es va esgrimir una llei que en el seu art. 25 diu que “la llengua emprada en els mitjans de comunicació d’Andorra, tant en la programació com en la publicitat, és l’oficial”, que és quelcom com dir que si vostè vol editar una revista dirigida exclusivament per a filipins, amb anunciants que venen productes regionals per a filipins, vostè ha de fer la revista en català i els seus anunciants han de seduir publicitàriament als seus clients filipins en català.

Però el cas no acaba aquí. La policia lingüística de Joan Sanz, com els mastins quan oloren sang, ara va a per més: A Veu Lusa, una revista amb més 6 anys en el mercat, i altra dirigida al públic rus qui haurien de, segons el propi funcionari, adequar-se a la llei (i per tant fer-se inviables). Li queda encara regular totes les ràdios que emeten programació en espanyol, els blogs (per què no?), els canals de televisió i bloquejar YouTube a l’estil xinès. Però no tots els andorrans hi estan d’acord, amb la mesura: anit, durant la recepció a Cavaco Silva a la qual vaig ser convidat, una ex-membre del PS em deia que “sembla que competeixen a veure qui és més andorrà”.

La ministra de Cultura, Susanna Vela, ha protegit l’acció qualificant l’opció de fer un periòdic en portuguès per a portuguesos “poc integradora”, agregant que el que s’hauria de fer és aprendre la llengua del país d’acollida per a conèixer la cultura i la seva gent. El que sembla que doña Susanna no veu des de l’alçada de la cadira de ministra és que en una democràcia l’ús de les llengües segueix exactament les mateixes lleis del mercat que regeixen qualsevol producte, en el que fa a identificació i prestigi, i que a cop d’actuació policial el català no sortirà del pou en el qual està ficat en la pròpia Andorra ni frenerá l’avanç del portuguès. O com diu un amic meu “millor que una llengua obligada és una llengua estimada”.

El govern andorrà ha intentat que el cas no prengués envergadura, tot i que va ser publicat tant en la web de RTP (la Ràdio-Televisió portuguesa) com en Expresso, entre altres mitjans del país.

La població de portuguesos a Andorra representa al 17% de la població.

No ha pasado tanto tiempo desde que se abortó la celebración de un juicio islámico en Valls, lapidación incluida. Esta semana saltó a los titulares otro caso similar en otro pueblo tarragoní, Cunit: la detención de cuatro islamistas incluido el iman, Mohamed Benbrahim, por coaccionar y agredir a Fátima Ghailan, medidora cultural de la localidad y “musulmana moderada” (SIC) por negarse esta a llevar velo islámico.

El hecho del delito no debería sorprendernos viniendo de un sistema de creencias basado en la ignorancia y anclado en el siglo VII, pero si debe avergonzarnos como colectivo y no debemos dejar de señalar la miserable actitud de la alcalde socialista, Judit Alberich (foto), quien intentó frenar la detención del religioso y sugirió a la agredida que retirara la denuncia para evitar “un conflicto social”.

¿Cual será el conflico social que pretende evitar la alcalde Alberich? ¿El que puede generarse tras la aplicación de las leyes vigentes? ¿Habrá que esperar otro pucherazo como el de Vic de hace unas semanas? Por suerte hay elecciones el año que viene, oportunidad única de echar a todos estos irresponsables de sus cargos.

La fiscalía solicita cinco años de cárcel para Benbrahim, cuatro para Abderramán El Osri, presidente de la entidad islámica, y dos para Zohra Ahmaddach y Haffsa Ben Brahim, esposa e hija del imán, respectivamente y la Confederación de Policías (CEP) pide su expulsión del país.

Ahora llega la hora de la política. Los hechos de Cunit demuestran una vez más que no sólo están entre nosotros sino que, además, conocen nuestras debilidades. El huevo de la serpiente nuevamente ha roto en la España de hoy.

Imágen: Socialistes.cat

¿Son los ayuntamientos parte del Estado? Si la respuesta es si, ¿por qué la vicepresidenta no deja de repetir que estos están obligados a empadronar ilegales cuando hay una Ley de Extranjería, aprobada y reformada ya cuatro veces por los dos grandes partidos, que marca que a quien no tenga permiso de residencia en todo el Estado debe aplicársele los mecanismos de expulsión necesarios? A partir de aquí puede haber un contrapunto interminable de leyes e interpretaciones jurídicas, pero esta vez la presión popular ha puesto en jaque al buenismo, quebrando incluso la disciplina de partido de dos de las tres siglas que gobiernan Catalunya.

La inmigración ilegal es un fenómeno global, y en España ni PP ni PSOE han estado a la altura para tratarlo con seriedad, ni ahora ni hace 10 años. No mentía Zapatero cuando en el debate electoral le tiró en la cara a Rajoy que durante la Administración Aznar se legalizaban inmigrantes con la factura de una bicicleta (no olvidemos que se han llegado a legalizar inmigrantes con la propia cédula de expulsión), pero no podemos olvidar que ese mismo PSOE ha llegado a prometer que los inmigrantes votarían en las generales en un par de legislaturas, esperando entonces el pago a las legalizaciones masivas.  Ante estos excesos gran parte de la población comenzó a hacerse sentir y hoy, a un año de las elecciones autonómicas y con un paro disparado e indomable, los partidos han decido actuar. Tarde y aparatosamente, pero lo han hecho. O como dice Xavier Rius en e-Noticies, “en el 2001 los inmigrantes sin papeles se encerraron la Iglesia del Pi (de Barcelona) y los fue a ver hasta el president Maragall. En el 2005 lo intentaron otra vez y el delegado del Gobierno en Catalunya, el socialista Joan Rangel, les mandó a la policía”. En este caso, el de Vic, las cúpulas de CiU y ERC respaldan al ayuntamiento y el PSC hace silencio.

Fernando Ónega decía en la radio que nadie (entre los políticos) quiere ni escuchar hablar de los resultados de un hipotético referendum a nivel España sobre “qué se debe hacer con los inmigrantes ilegales”. Los políticos y los medios no están sabiendo (o no están queriendo) interpretar lo que dice la ciudadanía, aunque para ello sólo hace falta leer las opiniones de los lectores en cualquier medio serio, ya no importa de que orientación política. Los lectores de El País y La Razón hoy dicen casi lo mismo y la última encuesta del CIS pone de manifiesto que la cuarta preocupación para los españoles es la inmigración. Esto no es sólo una neurosis española, visto que en toda Europa se están endureciendo las leyes inmigratorias.

Las manifestaciones del alcalde de Vic, Jose Maria Vila d’Abadal, son justas y elocuentes: “se acabó la época de la demagogia y si no se toman medidas de fondo aqui no nos vota nadie”, agregando que “si el Estado cumple, a mí no me llegará nadie sin visado y yo les empadronado a todos”. No hace falta recordar que entrar y residir ilegalmente en un país es delito y, sin embargo, el último censo dice que en España hay casi 1.000.000 de ilegales que no figuran en los padrones.

No hay para todos, y quien diga lo contrario miente. El Estado de Bienestar ha quebrado y a partir de aquí comienza la discusión meramente ideológica: los hay desde los que creen que la solución es cerrarse definitivamente hasta los que defienden que no solo hay que abrir fronteras sino que se debe también decretar la paz en el mundo. Y esto sin entrar a analizar el que es a mi juicio el costado más preocupante de la inmigración descontrolada: el cambio de la fisonomía de Europa, la que es cada vez más musulmana inclusive en forma perfectamente legal.

Sin dejar de reconocer que los inmigrantes ilegales son la parte más débil de esta historia, el Ayuntamiento de Vic está en lo correcto. Esta discusión no trata de buenas intenciones sino exclusivamente de recursos insuficientes y de reglas del juego, y más de un ayuntamiento observará el devenir de la novela de Vic. El populista de derechas Josep Anglada lo sabe, y ese será el secreto de su éxito en las próximas autonómicas: no sólo entrará él en el parlamento como diputado sino que muchos ayuntamientos tendran a los buitres de Plataforma per Catalunya marcando los tiempos.

Cuando los partidos moderados no hacen su trabajo, los extremistas saben vender muy bien sus soluciones.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia

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(Via @marilink)