¿Son los ayuntamientos parte del Estado? Si la respuesta es si, ¿por qué la vicepresidenta no deja de repetir que estos están obligados a empadronar ilegales cuando hay una Ley de Extranjería, aprobada y reformada ya cuatro veces por los dos grandes partidos, que marca que a quien no tenga permiso de residencia en todo el Estado debe aplicársele los mecanismos de expulsión necesarios? A partir de aquí puede haber un contrapunto interminable de leyes e interpretaciones jurídicas, pero esta vez la presión popular ha puesto en jaque al buenismo, quebrando incluso la disciplina de partido de dos de las tres siglas que gobiernan Catalunya.
La inmigración ilegal es un fenómeno global, y en España ni PP ni PSOE han estado a la altura para tratarlo con seriedad, ni ahora ni hace 10 años. No mentía Zapatero cuando en el debate electoral le tiró en la cara a Rajoy que durante la Administración Aznar se legalizaban inmigrantes con la factura de una bicicleta (no olvidemos que se han llegado a legalizar inmigrantes con la propia cédula de expulsión), pero no podemos olvidar que ese mismo PSOE ha llegado a prometer que los inmigrantes votarían en las generales en un par de legislaturas, esperando entonces el pago a las legalizaciones masivas. Ante estos excesos gran parte de la población comenzó a hacerse sentir y hoy, a un año de las elecciones autonómicas y con un paro disparado e indomable, los partidos han decido actuar. Tarde y aparatosamente, pero lo han hecho. O como dice Xavier Rius en e-Noticies, “en el 2001 los inmigrantes sin papeles se encerraron la Iglesia del Pi (de Barcelona) y los fue a ver hasta el president Maragall. En el 2005 lo intentaron otra vez y el delegado del Gobierno en Catalunya, el socialista Joan Rangel, les mandó a la policía”. En este caso, el de Vic, las cúpulas de CiU y ERC respaldan al ayuntamiento y el PSC hace silencio.
Fernando Ónega decía en la radio que nadie (entre los políticos) quiere ni escuchar hablar de los resultados de un hipotético referendum a nivel España sobre “qué se debe hacer con los inmigrantes ilegales”. Los políticos y los medios no están sabiendo (o no están queriendo) interpretar lo que dice la ciudadanía, aunque para ello sólo hace falta leer las opiniones de los lectores en cualquier medio serio, ya no importa de que orientación política. Los lectores de El País y La Razón hoy dicen casi lo mismo y la última encuesta del CIS pone de manifiesto que la cuarta preocupación para los españoles es la inmigración. Esto no es sólo una neurosis española, visto que en toda Europa se están endureciendo las leyes inmigratorias.
Las manifestaciones del alcalde de Vic, Jose Maria Vila d’Abadal, son justas y elocuentes: “se acabó la época de la demagogia y si no se toman medidas de fondo aqui no nos vota nadie”, agregando que “si el Estado cumple, a mí no me llegará nadie sin visado y yo les empadronado a todos”. No hace falta recordar que entrar y residir ilegalmente en un país es delito y, sin embargo, el último censo dice que en España hay casi 1.000.000 de ilegales que no figuran en los padrones.
No hay para todos, y quien diga lo contrario miente. El Estado de Bienestar ha quebrado y a partir de aquí comienza la discusión meramente ideológica: los hay desde los que creen que la solución es cerrarse definitivamente hasta los que defienden que no solo hay que abrir fronteras sino que se debe también decretar la paz en el mundo. Y esto sin entrar a analizar el que es a mi juicio el costado más preocupante de la inmigración descontrolada: el cambio de la fisonomía de Europa, la que es cada vez más musulmana inclusive en forma perfectamente legal.
Sin dejar de reconocer que los inmigrantes ilegales son la parte más débil de esta historia, el Ayuntamiento de Vic está en lo correcto. Esta discusión no trata de buenas intenciones sino exclusivamente de recursos insuficientes y de reglas del juego, y más de un ayuntamiento observará el devenir de la novela de Vic. El populista de derechas Josep Anglada lo sabe, y ese será el secreto de su éxito en las próximas autonómicas: no sólo entrará él en el parlamento como diputado sino que muchos ayuntamientos tendran a los buitres de Plataforma per Catalunya marcando los tiempos.
Cuando los partidos moderados no hacen su trabajo, los extremistas saben vender muy bien sus soluciones.
